La provincia de Neuquén aprobó una ley que permitirá a la Policía y a la Justicia intervenir en la lucha contra el narcomenudeo, una tarea que hasta ahora era exclusivamente federal. Con esta medida, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa y respaldada ampliamente por la Legislatura se permitirá llevar adelante un trabajo coordinado desde la provincia para intervenir en un delito que antes era netamente de jurisdicción federal y estaba limitado a la cantidad de juzgados.
Durante el anuncio, Figueroa destacó la firme decisión de enfrentar el narcotráfico en todas sus formas y subrayó el trabajo conjunto con el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal (MPF) y el Ministerio de Seguridad, encabezado por Matías Nicolini. Según el gobernador, la iniciativa apunta a complementar los esfuerzos federales y atacar tanto el microtráfico como el narcotráfico en general. «No pensamos claudicar en esta lucha», afirmó con contundencia.
La ley fue sancionada durante la 31° sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, obteniendo 30 votos a favor y solo dos en contra. Esta norma adhiere al artículo 34 de la ley nacional 23.737 de Narcotráfico, así como a las leyes 26.052 y 27.502, que habilitan la intervención provincial en la persecución de delitos relacionados con la droga.
Un aspecto destacado de la ley es la redistribución de los bienes decomisados en operativos contra el narcotráfico. El 25% de los recursos será destinado a programas de contención y tratamiento para personas con adicciones, otro 50% equipará a las fuerzas de seguridad provinciales, y el 25% restante fortalecerá al Poder Judicial para agilizar los procesos judiciales.
La medida fue diseñada y consensuada en el Consejo Estratégico de Implementación, que integran representantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), encabezados por la doctora María Soledad Gennari, el fiscal general José Gerez y el ministro Matías Nicolini. Con esta ley, Neuquén da un paso firme hacia un abordaje integral del problema del narcotráfico, reforzando su compromiso con la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
