El ex presidente Alberto Fernández se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para declarar en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de seguros por parte de organismos estatales. La audiencia, inicialmente programada para el 20 de noviembre, fue reprogramada a solicitud de la fiscalía.
Fernández, imputado por presunta administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, ingresó al edificio judicial media hora antes de lo previsto y evitó dar declaraciones a la prensa. La investigación señala que habría promovido un esquema de intermediación que favoreció a Nación Seguros S.A., empresa estatal, mediante el decreto 823/2021, firmado en diciembre de 2021.
La defensa del ex mandatario solicitó la nulidad de la citación argumentando que la Corte Suprema aún no se había pronunciado sobre la recusación presentada contra el juez Julián Ercolini, encargado del caso. Sin embargo, la Justicia rechazó este pedido, destacando que la citación era válida y que la indagatoria es un acto fundamental para el derecho a la defensa.
El decreto en cuestión obligaba a los ministerios y organismos estatales a contratar exclusivamente a Nación Seguros, eliminando la licitación pública y, según la acusación, favoreciendo a intermediarios privados. Este esquema, presuntamente vigente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, habría implicado un perjuicio al Estado al evitar la competencia y la transparencia.
Fernández negó haber estado involucrado en la introducción de intermediarios y afirmó que las medidas fueron adoptadas antes de su firma. Su abogada, Marian Barbitta, señaló que el expresidente desconocía a la mayoría de las personas imputadas en la causa.
Además de Fernández, la investigación abarca a más de 40 personas, incluyendo al ex director Alberto Pagliano y al broker Héctor Martínez Sosa, junto a su esposa, María Cantero, quien fue secretaria personal del expresidente.
El decreto 823/2021 fue vetado por el actual presidente, Javier Milei, mediante el decreto 747/2024, como parte de una serie de medidas destinadas a desmontar prácticas consideradas irregulares en el manejo de los seguros estatales.
