“Ruso…estás completamente loco, el comisario no te va a pagar un mísero peso, al contrario, te van a moler a palos”. Antonio Silvera, aquel uruguayo compañero de celda intentaba convencer a Julio Volsgebilds que su intención de enfrentar al director de la cárcel era una locura.
“Mí quiere recuperar hasta el último centavo de lo que me obligaron a gastar…se robaron mi paga…me corresponde”. Sin saberlo “el ruso” ponía al descubierto una trama de corrupción que sería rápidamente denunciada por los medios de prensa. Silvera lo miró, alzó sus hombros y movió la cabeza de un lado a otro, como aceptando lo inevitable, que llegaría al día siguiente.
Ese día primero de julio de mil novecientos diez, frío para variar, y en el año del centenario de la Revolución de Mayo, caía lunes. Era un premio, a reiniciar la vida en libertad para el ruso Julio, con una capital del Territorio que ya comenzaba a crecer de manera importante.
El ruso Volsgebilds había estado un año preso en la Unidad Penitenciaria Nº 15 de Río Gallegos y durante ese lapso sufrió abusos y explotación por parte de las autoridades carcelarias. Como cocinero de los presos no pudo cobrar esos salarios, pero la cárcel sí cobró aquellos importes.
El régimen carcelario imponía severos castigos, llegando incluso a enviar al cepo ante el faltante de raciones que faltaban en el inventario de la cárcel. El diario “El Antartico” denunciaba abiertamente lo sucedido con el cocinero, acontecimientos que adquirirían extrema gravedad al conocerse los episodios posteriores al reclamo de lo adeudado.
El preso denunció que se lo obligó a cocinar para gente extraña a la cárcel y a comprar de su escaso peculio menaje de cocina y mercaderías, para darles de comer al comisario Allones, al subcomisario Gallaste y varios funcionarios del Juzgado.
Al día siguiente de su liberación, el “ruso” fue a reclamarle al director del penal el pago de lo adeudado y de la vajilla adquirida de su bolsillo. Al insistir con su reclamo fue detenido y golpeado por los guardiacarceles.
Es aquí donde se origina una defensa solidaria por parte del resto de los presos que arman alboroto enfrentando a los guardias para protegerlo. Uno de los hechos preocupantes es el disparo que se le escapa a uno de los soldados destacados en la Unidad Penal.
Los disparos de arma de fuego duran escasos dos minutos y como consecuencia de los mismos cae herido el preso Carlos Gazpar, que queda sin atención médica. En tanto el jefe del Destacamento, teniente Máximo Gutierrez avaló la balacera, según denunciaba públicamente en su edición del 7 de agosto de 1910 el diario “El Antartico”, de Río Gallegos.
Sin embargo, las irregularidades rayanas en lo desopilante seguirían registrándose en la Unidad Penal. Nuevamente “El Antártico” denunciaría que el director permitía la salida de presos a “fiestas o sitios peores”, la venta de colchones, los castigos excesivos y pésimo estado de la comida.
Dentro de los dislates podemos inscribir la denuncia que se le hiciera al titular del penal, propietario además de caballos de carrera, que por supuesto eran corridos por presos en el Hipódromo de Río Gallegos.
La revancha, al parecer, se la tomó uno de los internos que solía varear a estos ejemplares, fugándose como indica el dicho popular en “el caballo del Comisario” .
Refiriéndose al director, subteniente Chinchurreta, decía el periódico que “es incapaz de dirigir con acierto el establecimiento carcelario pues todo se reduce en él a abusar de ciertos presos cosa para la que tiene inestimables condiciones.”
La denuncia de la mala calidad en la comida y las pésimas condiciones de alojamiento fueron destacadas en una nota que los internos enviaran al entonces Gobernador del Territorio de Santa Cruz.
“Los que suscriben alojados en la cárcel local […] solicitan y exponen: que en el día de la fecha nos hemos negado a recibir el racionamiento por ser demasiado pésimo no obstante haberle manifestado al director, hace ya 4 días que la carne era delgada y en algo pasada, así mismo que no viene la cantidad que se nos acuerda […] quedando el resto para los convidados del señor Director. Por lo tanto pedimos a usted quiera tomar medidas al respecto, no sólo al racionamiento sino, que ni el Director vela por la higiene (pues está tan mala que huele a letrina)[…]”…
Sin embargo, estas situaciones de maltrato y precarias condiciones de alojamiento de la población carcelaria ponen al descubierto un entramado de corrupción y desidia. Pablo Navas lo destaca en su trabajo titulado “Esos económicos brazos. El trabajo de los presos de la cárcel de Río Gallegos.” .
Anteriormente hemos señalado que la cárcel, a través del trabajo de los presos ya sea dentro o fuera del establecimiento, adquirió un perfil económico importante dentro del cuadro de precariedad generalizada que caracterizó a la estructura estatal del Territorio. A partir de esta configuración cabría preguntarse, qué sucedía con los recursos que generaba la cárcel, es decir, de qué forma llegaba el peculio a los presos que trabajaban, más teniendo en cuenta el marco institucional en el que se insertó, donde existieron insuficiencias materiales que comprometían seriamente la tarea de control social y donde las denuncias a las autoridades por abusos de distinto tipo fueron recurrentes.
Lo tuyo es mío…lo mío es mío
En principio debemos señalar que a pesar de las arbitrariedades que se denunciaron a la prensa, el trabajo de los presos era rentado. Sucesivas disposiciones se dedicaron a especificar el destino del dinero que recibían. En la Ley 11.179 de 1921 se establecieron los fines del peculio del condenado: indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito cometido, prestación de alimentos, costeo de los gastos que ocasionare en el establecimiento y formación de un fondo propio para su salida en libertad.
El circuito burocrático por el cual se efectivizaron los pagos de los trabajos realizados por los presos consistía, una vez realizadas las tareas encomendadas, en la elevación de una nota al gobernador por parte del director de la cárcel. En la misma se detallaban los nombres de los presos responsables de los trabajos, la cantidad de días y el jornal a abonar.
Recepcionada la nota por la gobernación, a través de la contaduría, se abonaban los jornales al Director de la cárcel y éste se encargaba de la distribución del dinero a los presos beneficiados o bien eran depositados en la contaduría de la gobernación hasta tanto el preso estuviera en libertad y pudiese disponer de esos fondos.Con respecto a las distorsiones que se presentaron al momento de la utilización de la mano de obra de los presos con fines ajenos a cualquier proyecto modelador de conducta, resultaron abundantes los testimonios que en la prensa dieron cuenta de estas irregularidades.
El periódico ‘El Antártico’ denunció en varias de sus ediciones la explotación de presos por parte del director: según la misma denuncia, otros presos también fueron llevados a trabajar a casa del director sin pagarles e incluso empleando a uno como lavandero.
También se manifestaron arbitrariedades en aquellos trabajos en los que eran asignados dentro de la cárcel, tal es el caso del servicio de cocina, que si bien en un principio este cargo se cubrió con el mismo personal que ocupó el resto de los puestos de la cárcel posteriormente se lo hizo con los mismos presos alojados en la cárcel como una forma de reducir los costos operativos de la misma.
La utilización de presos para los trabajos de las instituciones y organismos como la Gobernación y el municipio fueron perdiendo terreno, pero ha permanecido latente en el tiempo la cuestión del hacinamiento y las condiciones higienico-sanitarias que alternadamente vuelven a estar presente en cada conflicto carcelario. Esta observación es un rasgo general de lo que ocurre en las distintas unidades del país, de las que quizás Río Gallegos hoy cuente con mejores condiciones de detención.
(Artículo publicado por el autor en el Diario Nuevo Día)