El gobierno nacional anunció una reforma en el sistema de firma digital, que abre una nueva era para la formalización de trámites y contratos, marcando el fin de la necesidad de trámites presenciales.
A través del Decreto 743/2024, publicado este martes en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habilita la verificación de identidad de manera virtual. Esta innovadora medida permitirá que todos los procesos se realicen en tiempo real, confrontando los datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) sin la necesidad de que el solicitante se presente físicamente. Esta modificación elimina una barrera significativa en el acceso a servicios gubernamentales, prometiendo mayor agilidad y comodidad para los ciudadanos.
El decreto también trae consigo una reestructuración en el régimen de Certificadores Licenciados. Anteriormente, estos certificadores estaban obligados a verificar la identidad de los solicitantes de manera presencial, un requisito que ahora se ha eliminado. En su lugar, se delegará en «autoridades de registro» la función de validar identidad y otros datos cruciales, facilitando aún más el acceso a los servicios gubernamentales.
El documento oficial explica que “la presencia física del solicitante o suscriptor ante el Certificador Licenciado o sus Autoridades de Registro no será condición ineludible para el cumplimiento de los trámites necesarios para la emisión, renovación o revocación del correspondiente certificado digital”. Esta eliminación del requisito de presencialidad representa un avance significativo en la modernización de la Administración Pública.
El decreto subraya que esta reforma es una parte esencial del proceso de modernización tecnológica que está viviendo la Administración Pública. La iniciativa se inscribe dentro de un marco más amplio de modernización, que comenzó con el Plan de Modernización del Estado durante la presidencia de Mauricio Macri. El objetivo es “facilitar el acceso del administrado a los organismos del Estado, agilizando sus trámites administrativos, incrementando la transparencia y accesibilidad, mediante el uso de herramientas tecnológicas que posibiliten un acceso remoto y el ejercicio de un seguimiento efectivo sobre la actividad administrativa”.
Este cambio promete no solo acelerar los procesos burocráticos, sino también transformar la manera en que los ciudadanos interactúan con el gobierno, marcando un hito en la evolución hacia una administración pública más eficiente y accesible.