El Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca emitió sentencia condenatoria contra cinco prefectos por el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel. El prefecto Sergio Cavia fue condenado a cinco años de prisión por homicidio agravado en exceso de legítima defensa, mientras que los prefectos Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García recibieron condenas de 4 años y medio como partícipes necesarios del mismo delito.
El veredicto fue anunciado durante la lectura del fallo en el juicio relacionado con el asesinato de Nahuel el 25 de noviembre de 2017. El hecho ocurrió durante un operativo del Grupo Albatros en un predio en disputa entre la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu y la Dirección de Parques Nacionales en Villa Mascardi, Bariloche.
El tribunal, compuesto por Alejandro Silva (presidente), Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava, comunicó la sentencia después de más de tres meses de audiencias en la instancia oral y pública del juicio, que comenzó a las 9 con las palabras finales de los procesados.
Los acusados, integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina, enfrentaron cargos por homicidio doblemente calificado en concurso ideal con homicidio agravado en grado de tentativa. Las tres querellas solicitaron prisión perpetua, mientras que la Fiscalía propuso cinco años de prisión para cada uno, considerando el atenuante de «exceso en legítima defensa».
Las defensas argumentaron que los acusados actuaron en legítima defensa, sin excesos en su comportamiento, enfrentando una agresión desmedida y armada. La lectura del fallo coincidió con el sexto aniversario del homicidio y días después de que se confirmara a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad del presidente electo Javier Milei, quien ocupaba ese cargo en el momento de la represión de Prefectura que resultó en la muerte de Nahuel.
El juicio, que inició el 15 de agosto, contó con la participación de 63 testigos, la presentación de pruebas, análisis de pericias y una inspección ocular en el lugar del hecho. El 7 de noviembre, la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación solicitó prisión perpetua para los cinco prefectos, argumentando que no hubo un enfrentamiento armado, sino una persecución fuera del predio de la comunidad, con los efectivos disparando en 151 ocasiones con munición de plomo.
