El equipo económico del gobierno de Javier Milei trabaja en una ambiciosa reforma tributaria que busca reducir drásticamente el número de impuestos a nivel nacional, pasando de 46 a solo cuatro o cinco tributos. La iniciativa, prevista para presentarse en 2025, pretende simplificar el sistema fiscal y devolver «autonomía tributaria» a las provincias mediante acuerdos y pactos específicos.
La propuesta contempla que los impuestos nacionales restantes abarcarían actualmente entre el 75% y el 80% de la recaudación fiscal consolidada del país. Según una fundación liberal estadounidense, 1841, que asesora al gobierno, los tributos clave serían:
- Un impuesto a las rentas de personas físicas, que incluiría tanto empleados como independientes, eliminando el régimen de monotributo y autónomos.
- El Impuesto a las Ganancias de sociedades, aplicable a empresas y explotaciones unipersonales, con beneficios para la reinversión de utilidades.
- Aportes a la seguridad social, manteniendo el sistema actual para trabajadores en relación de dependencia.
- El Impuesto al Valor Agregado (IVA), aunque con la posibilidad de ser transferido a las provincias en caso de eliminarse la coparticipación federal.
Impacto de la reforma
El IVA representa el 34,41% de la recaudación total, seguido por los aportes a la seguridad social con el 21,60% y el impuesto a las ganancias con el 20,43%, según datos de 2023. La eliminación de otros gravámenes implicaría una reducción del 24,66% en los ingresos fiscales totales, equivalente a unos 8.000 millones de dólares o dos puntos del PBI.
Retos políticos y económicos
La implementación de esta reforma, prevista para un año electoral, requerirá una compleja negociación en el Congreso, donde el gobierno se encuentra en minoría. Asimismo, será necesario coordinar con las provincias para garantizar la viabilidad de los cambios, en especial el posible traslado del IVA y la eliminación de la coparticipación.
El principio rector de esta reforma, simplificar y ordenar el sistema fiscal, busca no solo reducir la presión tributaria, sino también fomentar el desarrollo económico y la transparencia en la gestión de los recursos públicos. Sin embargo, expertos advierten sobre los desafíos de transición y el impacto en las finanzas de los distintos niveles de gobierno.
Con información propi y de Ámbito Financiero.-
