El gobierno nacional implementó una política de reducción de personal en las empresas públicas como parte de su estrategia para disminuir el déficit fiscal y optimizar el funcionamiento de estos organismos, que significó -según la información oficial- más de 8600 trabajadores desvinculados y un gasto de $220.000 millones en retiros voluntarios.
Según un informe presentado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos, ante el Congreso, entre diciembre de 2023 y junio de 2024, un total de 8636 empleados fueron desvinculados de casi 20 empresas estatales, lo que implicó un desembolso de $222.230 millones en indemnizaciones y retiros voluntarios.
El Ejecutivo considera esta medida como el primer paso hacia una reestructuración más profunda, que podría incluir la privatización de algunas de estas compañías. “Se trata de una tarea de saneamiento fiscal”, señalaron fuentes oficiales, subrayando la necesidad de reducir el tamaño del Estado para mejorar la eficiencia y la gestión de recursos.
Empresas afectadas
Entre las empresas más impactadas por la reducción de personal se encuentra el Correo Argentino, que disminuyó su plantilla en 4181 trabajadores, lo que representó un costo de casi $100.000 millones.
Por otra parte, Aerolíneas Argentinas, informó la salida de 1500 empleados a través de dos programas de retiros voluntarios, destinando $58.732 millones para estas desvinculaciones.
Otras empresas como Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Corredores Viales y Trenes Argentinos también implementaron importantes recortes de personal. En el caso de AySA, 1231 empleados dejaron la compañía, con un desembolso de $44.941 millones. En Trenes Argentinos, 482 trabajadores fueron desvinculados, con un costo de $1.508 millones.
El Gobierno Nacional afirmó que la reducción de personal se está realizando de manera gradual y con el objetivo de alcanzar una dotación óptima en cada empresa. Algunas de las desvinculaciones incluyen jubilaciones anticipadas y acuerdos de retiro voluntario, mientras que otras corresponden a despidos.
El caso de Fabricaciones Militares es un ejemplo de este proceso, con la salida de 253 personas mediante programas de retiro voluntario y despidos, lo que requirió $3.511 millones. De igual manera, otras empresas estratégicas como Dioxitek y Nucleoeléctrica también informaron recortes en su nómina de empleados.
Ferrocarriles Argentinos informó ocho desvinculaciones, entre renuncias y despidos en lo que va del año, para lo cual se hicieron giros por $38.251.170. De Fabricaciones militares se fueron a 253 personas a través de programas de retiro voluntario y despidos, y se pagaron $3.511.562.551.
En Fadea se redujo el personal en 232 trabajadores y llevó un costo de $2.853.282.317. Por su lado, de Belgrano Cargas y Logística S.A se desvincularon 192 personas para las cuales se destinaron $3.360.014.069.
En Veng, la firma aeroespacial argentina, se dieron de baja a 18 personas, algunos por despidos, otros por renuncias y otros por fallecimiento e “incapacidad laboral”. Para este fin se pagaron $62.918.630.
En Coviara se desvinculó a seis personas y la firma decidió no informar cuánto dinero gastó en indemnizaciones ya que argumentó que se “sustenta con fondos propios”.
Por último, en Yacimientos Carboníferos Río Turbio se dieron de baja a 63 empleados y se destinaron $3.844.124.110 entre planes de retiro voluntario y jubilaciones.
Situación de Argentina
El Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (ODSA-UCA) informó que la pobreza en Argentina alcanzó al 52% de la población durante el primer semestre de 2024, el nivel más alto registrado desde 2004. La indigencia, por su parte, afecta al 17,9% de los argentinos, un aumento significativo frente al 11,9% que reportó el INDEC en 2023.
Estos datos surgen de un promedio entre el primer trimestre, cuando la pobreza llegó al 54,9% y la indigencia al 20,3%, y el segundo trimestre, donde ambos indicadores mostraron una leve mejora, situándose en 49,4% y 15,9%, respectivamente.
