El gobierno nacional decidió este viernes desplazar de su cargo al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, luego del malestar que se había generado por un dictamen del funcionario que resultó contrario al plan de recortes de gastos del Gobierno en la estructura del Estado.
La Casa Rosada aceleró los tiempos con esta decisión, ya que en un principio se informó que a Barra se lo había convocado para el lunes próximo a una reunión en la que se definiría su situación.«El gobierno le acaba de pedir la renuncia al Procurador del Tesoro de la Nación Rodolfo Barra», confirmó en su cuenta de X el vocero presidencial, Manuel Adorni.
La bronca en las huestes libertarias con el ex ministro de Justicia de la era menemista se desató por un dictamen emitido el pasado miércoles que resultó contrario a las premisas de la administración libertaria.
Según detallaron las fuentes, Barra habría favorecido a una empleada del Ministerio de Justicia que realizó una presentación judicial para pedir la impugnación de una decisión de la cartera que había recortado incentivos complementarios a los salarios. Los cuestionamientos al funcionario eran varios y una alta fuente comentó a la Agencia Noticias Argentinas otra irregularidad en la que incurría Barra: no vive en la Argentina.
Además de su residencia en España, el catedrático universitario pasa gran parte de sus días de viaje en Punta del Este, se indicó. El presidente Javier Milei no estaba notificado de esto, por lo que desde su entorno planeaban anoticiarlo a su vuelta de la gira por Estados Unidos y Suiza.
Pero los tiempos se precipitaron y no se esperó a que el mandatario pisara suelo argentino ni a que el asesor Santiago Caputo mantuviera el lunes la anunciada reunión con Barra.«Lo cierto es que hay ruido, que no dictamine a favor del Gobierno es raro», argumentaron las fuentes consultadas sobre aquel dictamen que cayó en las filas libertarias.
El Gobierno aún no anticipó quién será el nuevo procurador del Tesoro, pero trascendió que el abogado y doctor en Historia Económica Ricardo Manuel Rojas es uno de los candidatos.
Es autor del libro «La inflación como delito», cuya lectura fue recomendada por Milei, y su perfil se adecúa al mundo judicial porque ya se desempeñó como secretario letrado de la Corte Suprema (en 1986 y 1993) y fue juez en lo Criminal de Buenos Aires.