Una reciente publicación de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, sacudió a la provincia del Neuquén y generó una rápida respuesta política. El dato en cuestión se refiere a la cantidad de homicidios dolosos en todo el país, donde Neuquén ocupa el segundo lugar, después de Santa Fe, superando la tasa nacional.
El jueves, el ministro de Seguridad del Neuquén, Matías Nicolini, desmintió lo dicho por Bullrich, afirmando en AM Cumbre 1400 que Neuquén ha experimentado un descenso en la cantidad de delitos en comparación con años anteriores, lo que nos sorprendió.
Las estadísticas del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) indican que los homicidios dolosos en Argentina registraron un descenso del 10,6% en el primer semestre del año en comparación con el mismo período de 2023. Además, el SNIC destaca que, en lo que va del año, el 90% de los asesinatos se concentran en solo el 10% de la superficie total del país, que alberga al 70% de la población. Esta área incluye 193 municipios, entre los que sobresalen el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Rosario, Santa Fe y Mar del Plata.
Según las estadísticas, el año pasado se registraron 2046 homicidios dolosos, de los cuales el 57,4% fue cometido con armas de fuego. Seis de cada diez hechos ocurrieron en la vía pública, y la tasa fue de 4,4 homicidios por cada 100.000 habitantes. A nivel de América Latina, la tasa de homicidios es de 21,5 víctimas por cada 100.000 habitantes, lo que triplica la tasa mundial de 7 homicidios por cada 100.000 habitantes.
En 2023, Argentina contabilizó 4,31 homicidios por cada 100.000 habitantes; sin embargo, en la ciudad de Santa Fe esa cifra asciende a 25,15, casi seis veces más.
Las provincias con menos homicidios fueron Tierra del Fuego, con solo 2; Catamarca y La Pampa, con 5; Río Negro, con 27; y Neuquén, con 30.
En los primeros seis meses de 2024, Neuquén registró 14 homicidios dolosos, que incluyen los casos de Cristian Moya, Aníbal Rodolfo Vides, Carlos Joel Limache, Lucas Ricardo Telmo, Mauricio Charpetier, Facundo Cerda, Maximiliano Segura, Nazareno Jara, Lin Shan, Juan Esteban Caliani, Alejandro Millanao, Pablo Vallejos, Sebastián Aigo y Genaro Valentino Mena Lagos.
El tema de la inseguridad
Volviendo a la problemática de la inseguridad que afecta a todo el territorio provincial, lograr un balance ideal para que sus habitantes convivan en armonía es un objetivo perseguido por los distintos gobiernos a través de la implementación de tareas preventivas.
Este servicio que brinda el estado, a través de sus instituciones como la Policía, se puede definir como la capacidad de dar respuestas efectivas a riesgos, amenazas y vulnerabilidades, estando preparados para prevenir, contener y enfrentar estas situaciones.
Es importante señalar que este trabajo no es exclusivo de quienes se dedican a la seguridad, sino que debe ir acompañado de políticas responsables que persigan un objetivo común.
Una seguridad integral debe ir de la mano de políticas que generen urbanización y servicios básicos, como energía eléctrica, agua potable y gas, así como pueblos y ciudades limpias. Sin duda, los objetivos deben incluir no solo la seguridad, sino también la salud y la educación, que son, de alguna manera, las promesas de campaña de los políticos en el poder.
En medio de esta gran controversia, hay quienes son muy audaces y multifacéticos al justificar su rol en un cargo público. Es preocupante que aún existan personas que cobren un sueldo del estado y permanezcan en sus casas sin hacer nada, o que estén enfocadas en actividades privadas, percibiendo un salario que todos pagamos.
Lamentablemente, eso sucede, y no se nos ocurre mejor idea que llevar a aquellos que tienen la voluntad de trabajar al ámbito de la seguridad. Es fundamental cuestionar a las personas con antecedentes penales o que carecen de capacitación, que se hacen visibles a través de acciones poco éticas.
Es hora de dejar de justificar lo injustificable; esto va dirigido a aquellos funcionarios que navegan entre el bien y el mal, que han pasado por distintos ministerios y gobiernos de diferentes colores políticos.
No son «Carmelitas descalzas», todo tiene un fin, pero también un final. Humildemente, no quiero ofender a nadie, y que cada uno se sienta aludido si le queda el zapato.
No nos subestimen, pidan antecedentes y revisen los prontuarios para entender de quiénes estamos hablando.
Contra el narcomenudeo
Para concluir, hemos escuchado sobre el narcomenudeo y la desfederalización. ¿Qué significa esto? Parte de la ley 23.737 de la Ley Nacional de Estupefacientes, que castiga, a través del Código Penal, la comercialización y el acopio de sustancias prohibidas con la intervención de la justicia federal.
La desfederalización, en cambio, se refiere a la aplicación de la ley 26.052, que permite a las provincias adherirse. De este modo, el narcomenudeo —entendido como la comercialización y el acopio en pequeñas cantidades de sustancias prohibidas que antes se consideraban delitos federales— pasaría a ser investigado y sancionado por la justicia ordinaria a través de la creación de fiscalías específicas o de fiscalías genéricas.
Nuestra provincia aún no cuenta con esta ley en vigencia, pero si se aplicara, debemos preguntarnos: ¿qué haríamos considerando que hace pocos meses se declaró una emergencia carcelaria debido a la falta de espacio en el servicio penitenciario?
La aplicación de esta ley podría generar un aumento en las detenciones, ya que el procedimiento sería más ágil. Este es el dilema entre un mundo ideal y un mundo real.
Tres provincias con amplia experiencia en la aplicación de la ley 26.052 son Buenos Aires, mediante la ley 13.392, vigente desde 2005; Córdoba, a través de la ley 10.067, en vigencia desde 2012; y Salta, con la ley 7.782.
Esta legislación se presentó como una herramienta para que los gobiernos locales pudieran trabajar en la reducción de la violencia. Sin embargo, esta medida debe ir acompañada de un control estricto sobre las fuerzas policiales para evitar la regulación informal del mercado de drogas.
Los informes elaborados por aquellos que han adherido a la desfederalización del narcomenudeo indican una disminución en el volumen de casos relacionados con estupefacientes en la justicia federal, gracias a la aplicación de la ley 26.052, que permite redireccionar recursos hacia investigaciones más complejas.
Es un gran dilema y debemos pensar cuidadosamente en lo que vamos a hacer.
