La “informalidad” y el peligro van en moto o bicicleta por las ciudades de la Argentina, de la mano de un servicio que cambió las formas de venta y entrega de mercadería, especialmente a partir de la pandemia por coronavirus. En la región del Alto Valle de Río Negro y Neuquén el panorama se asemeja al de otras ciudades de la Patagonia y el país, donde jóvenes (oriundos o venidos de otros lugares de Argentina o el exterior) encuentran sus primeros ingresos. No obstante, ese dinero se consigue sin coberturas laborales o sanitarias de ningún tipo y exigen jornadas laborales que nada tienen que ver con la legislación.
Ese peligro constante en las calles y el riesgo que corren quienes circulan en motos o bicicletas es una de las demandas más urgentes que tiene el mundo laboral en la región y el país.
Proyecto
Los ministerios de Economía y Trabajo trabajan en un proyecto de ley con el objetivo de establecer un marco legal para los prestadores de servicios de entrega de productos que operan a través de aplicaciones de entrega a domicilio. Al mismo tiempo, los sindicatos insisten en que se debe aplicar el modelo de relación laboral tradicional. Este proyecto busca regular a los repartidores de PedidosYa y Rappi, siendo esta última objeto de una millonaria multa por imponer cargos a los usuarios sin previo aviso.
Desde el equipo de la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, se indicó que están trabajando en la mejora de los derechos de los trabajadores de las aplicaciones de entrega. Olmos ha destacado que algunos de estos trabajadores se consideran dependientes según la Ley de Contrato de Trabajo, mientras que otros tienen una relación independiente con las aplicaciones, a los que se busca otorgar más derechos.
Por su parte, el senador Daniel Lovera (FdT) señaló que el proyecto gubernamental incluirá una disposición que permitirá a las empresas optar por cambiar la relación laboral de sus trabajadores a un modelo de contrato tradicional bajo la Ley de Contrato de Trabajo actual, o mantenerlos como trabajadores independientes.
Desde la empresa Rappi han confirmado que están manteniendo conversaciones con las partes interesadas para asegurar que se tenga en cuenta la perspectiva de todos al regular este sector.
Panorama
La Confederación General del Trabajo (CGT) estima que en el país existen más de 100.000 repartidores, con más de la mitad de ellos radicados en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, el Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) sugiere que la cifra podría ser aún mayor, llegando a más de 160.000 a nivel nacional.
El proyecto que el Gobierno encargó hace tres años y que había quedado en espera anticipa algunas de las características clave de la nueva propuesta:
1. Sueldo: se compone de un salario mínimo más un componente variable según la cantidad de entregas y el tiempo de espera, incluyendo el aguinaldo.
2. Salud: se destina el equivalente a tres jornales por mes a un fondo a nombre del repartidor, que se utilizará en caso de enfermedad y podrá retirarse al final del año si no se utiliza.
3. Despido: la indemnización se calcula como un promedio salarial (de los últimos seis meses) por cada año trabajado.
4. Extras: se otorga un 10% adicional en caso de repartir bajo la lluvia y un 20% adicional si los elementos de trabajo son proporcionados por el ciclista.
5. Régimen disciplinario: se establece que el repartidor no puede rechazar servicios y puede ser despedido por «justa causa» si no trabaja durante 30 días.
6. Recibo de sueldo: se enviará un comprobante digital cada mes, y las empresas realizarán la inscripción temprana en la AFIP.
7. Vacaciones: se otorga un día de vacaciones por cada 15 días trabajados, sin contemplar licencias, ya que los repartidores deciden sus horarios.
8. Seguro: las empresas deben contratar una ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo), y los repartidores mantienen el derecho a sindicalización y huelga.
Lucas Tamagno, abogado del estudio Allende & Brea, ha señalado que se enfrentan a situaciones ambiguas en las que la clasificación como empleado o empresario es difícil de determinar debido a las nuevas tecnologías. En Argentina, la discusión gira en torno a si los trabajadores son autónomos o empleados en una relación de dependencia.
Qué dicen los sindicatos
Para los sindicatos, las relaciones laborales ya están protegidas por la Ley de Contrato de Trabajo, y no necesitan una nueva regulación. Por otro lado, Lovera afirma que es esencial combatir la precarización laboral y reconocer a los trabajadores como empleados con derechos y responsabilidades.
Después de varias medidas cautelares a favor de la «regularización» de los repartidores, el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires, bajo la dirección de Walter Correa, ha establecido un sistema de multas para las empresas que no registren a sus trabajadores y ha presentado denuncias judiciales.
Tamagno argumenta que la relación entre los repartidores y las plataformas no es una relación laboral clara, ya que los repartidores asumen gastos y riesgos que los empleados tradicionales no tienen. Además, la flexibilidad en los horarios y la falta de exclusividad también plantean dudas sobre la naturaleza de la relación laboral.
En resumen, el debate en Argentina se centra en si los repartidores de aplicaciones de entrega deben considerarse autónomos o empleados en relación de dependencia, y se está explorando la posibilidad de crear una figura similar a la del «Trabajador Autónomo» de España como una solución potencial a esta cuestión.
En el mundo
En otros lugares del mundo como en España se observa como en Argentina un fuerte crecimiento durante la pandemia del coronavirus, al alcanzar una cuota de mercado del 7%, según los datos presentados por The NPD Group en la jornada de Aecoc Retail & Foodservice Knowledge ‘Desgranando el food delivery’.
La directora ejecutiva de Foodservice de The NPD Group, Edurne Uranga, ha explicado que esta consolidación se está produciendo a pesar de la recuperación de los servicios en sala de los restaurantes, que, a principios de este año, llegaron a crecer por encima del 80% sin afectar al volumen de pedidos a domicilio.
«El ‘delivery’ está en nuestros hábitos de consumo diarios y, tras representar casi el total del negocio de la restauración durante el confinamiento, va a estabilizar su cuota de mercado sobre el actual 7%», ha subrayado Uranga.
En términos globales, los datos de The NPD Group muestran que cada año en España se producen más de 400 millones de pedidos de comida a domicilio, con una facturación de 2.600 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 80% respecto a las cifras prepandemia.
El informe también muestra que los pedidos actualmente son para 2,8 personas de media, con un gasto medio de 6,4 euros por comensal. Respecto a los canales de compra, el 46% de los pedidos se hace por teléfono, mientras que el 54% se realiza vía ‘online’.
El informe muestra que los cambios de hábitos ocasionados durante la pandemia, con un traslado de parte del consumo a los hogares, han favorecido el crecimiento de los servicios de comida a domicilio. Así, la mitad de los consumidores explica que recurre a servicios de ‘delivery’ porque le permite disfrutar de la oferta de la restauración sin salir de casa, y cuatro de cada diez explican que la comida a domicilio les ofrece una alternativa a tener que cocinar en casa.
Respecto a las prioridades de los consumidores a la hora de escoger en qué restaurante hacen su pedido, el tipo de comida es el motivo principal, seguido por el tiempo de entrega y el precio.