La Físcalía de Delitos Económicos de la justicia neuquina, la Comisión Investigadora de la Legislatura, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, investigan la gestión de once meses de la vicegobernadora Gloria Ruiz.
La titular de la Cámara de Diputados provincial fue separada del cargo en forma “preventiva y precautoria” durante 30 días hábiles a partir de la sesión especial que se llevó a cabo en la tarde noche de este miércoles, por 29 votos a favor, cinco abstenciones y ninguno en contra.
A partir de lo dispuesto por los legisladores neuquinos, se conformó la Comisión Investigadora (CI), que tendrá a Guillermo Monzani (Hacemos Neuquén) como presidente y a Francisco Lépore, como secretario. El resto de titulares de bloque que la conforman son: Gisselle Stillger (Arriba Neuquén), Carlos Coggiola (Neuquén Federal), Ernesto Novoa (Comunidad), Gabriel Álamo (MPN), Damián Canuto (PRO-NCN), Brenda Buchiniz (Cumplir-LLA), Carina Riccomini (Juntos), Darío Peralta (Unión por la Patria) y César Gass (UCR). Los representantes de los frentes de izquierda, Gabriela Suppichich y Andrés Blanco, anticiparon que no participarán de la comisión.
La CI tendrá entre sus funciones centrales la de “analizar las pruebas relacionadas con los hechos denunciados que pesan sobre la vicegobernadora, garantizando su derecho a la defensa y el debido proceso”.
Fiscal de Estado
El martes pasado, el fiscal de Estado, Raúl Gaitán, se presentó como querellante en la investigación que lleva adelante la justicia provincial y realizó un pedido de “inmovilización de los plazos fijos” de Pablo Ruiz (hermano de la vicegobernadora y coordinador de la Casa de las Leyes) y de los fondos girados a él por parte de la Legislatura.
“Fundamenta esta presentación el hecho de estar bajo investigación la posible comisión de delitos por parte de Pablo Ruiz, quien en su carácter de funcionario público de la Legislatura de la Provincia, habría utilizado en su favor y/o con fines distintos a los que legalmente se encontraba obligado fondos públicos provinciales”, dice la presentación de Gaitán.
También señaló que quien era coordinador de la Casa de las Leyes “aprovechando el cargo ostentado, habría utilizado ilícitamente fondos públicos provinciales, por lo que la admisión de esta Fiscalía de Estado como querellante se encuentra plenamente justificada”
Tribunal de Cuentas
En la sesión de ayer miércoles, la secretaria de la cámara legislativa María Isabel Ricchini, leyó el ingreso de un pedido de auditoría del Tribunal de Cuentas de la provincia que ingresó a la Legislatura el miércoles.
Pero el diputado Marcelo Bermúdez (PRO) indicó en la mañana de este jueves por AM Cumbre 1400 que pedidos similares del organismo de contralor provincial fueron presentados el 14 de febrero y en el mes de septiembre, y no fueron respondidos.
En la sesión, se informó que Gloria Ruiz aprobó ayer “que se informe y no se pongan obstáculos para la auditoría” del Tribunal de Cuentas, según señaló la secretaria de la Cámara.
De esta manera, todos los movimientos registrados en la Legislatura desde el 10 de diciembre a la fecha, serán analizados de acuerdo con la normativa provincial por parte de funcionarios expertos del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía de Delitos Económicos
El viernes de la semana pasada la Fiscalía de Delitos Económicos de la justicia neuquina inició los allanamientos en la Legislatura provincial, en la Casa de las Leyes y en el domicilio de quien coordinaba esa institución, Pablo Ruiz, en la ciudad de Plottier. Las medidas fueron autorizadas por el juez de garantías Juan Manuel Kees.
“La investigación comenzó en el transcurso de este mes, a instancias de una publicación del diario “Río Negro” sobre una presunta maniobra defraudatoria en perjuicio de la administración pública, mediante la designación de personal en la Legislatura de parte de la vicegobernadora Gloria Ruiz”, indicó el MPF.
Se agregó que el 20 de noviembre, la apoderada del Banco Provincia de Neuquén (BPN) presentó una denuncia en la fiscalía de Delitos Económicos, sobre la existencia de hechos que podrían constituir delitos.
En forma puntual, indicó que la entidad cuenta con un área que tiene entre sus funciones el monitoreo de las “Personas Expuestas Políticamente” (PEP), denominada Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En ese contexto, “se detectaron situaciones vinculada al señor Pablo Antonio Ruíz”, hermano de la vicegobernadora y coordinador de la Casa de las Leyes. “Recibió acreditaciones significativas diferentes a sus haberes de parte de la Legislatura por un monto de 29.854.350 pesos”, indica la denuncia. Y especifica que realizó “extracciones en efectivo por 20.600.000 pesos”.
También señala que “se advirtió que el señor Ruíz utilizaba la mayoría de los fondos de su cuenta para constituir plazos fijos, incrementando notoriamente su volumen a partir de las acreditaciones que recibió por fuera de sus haberes”.
La situación fue advertida al señor Ruíz por la entidad bancaria, quien informó que las acreditaciones correspondían a “viáticos y programas”.
La Gerencia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo también advirtió a la Legislatura el 21 de agosto pasado sobre la situación. Desde entonces no se realizaron más transferencias a la cuenta personal del señor Ruíz, quien al día de la fecha cuenta con 51 millones de pesos en plazos fijos.
Ayer miércoles se agregaron otros allanamientos, en este caso en los Registros del Automotor 1 y 2 de Plottier, relacionados con la compra y la venta de vehículos por parte de Pablo y Gloria Ruiz.
