Hace un año, la tierra avisó fatalmente: un alud arrasó con la vida de tres personas. En todas las ciudades con elevaciones, la voracidad o la necesidad generan estos peligros.
La voracidad económica o la necesidad social muestran construcciones peligrosas en los faldeos del cerro Otto en Bariloche, en las laderas del Curruhuinca en San Martín de los Andes, en los asentamientos Dos Banderas y Andorra en Ushuaia, en cercanías del Chenque en Comodoro Rivadavia, hacia las bardas en la ciudad de Neuquén y así se puede seguir en El Bolsón, Villa La Angostura, y otras localidades de la zona cordillerana patagónica. En Bariloche tres turistas uruguayos murieron tapados de barro en dos habitaciones de un hotel, a raíz del deslave que produjo la caída de un muro construido sin habilitación, el 6 de junio de 2022.
A pesar de las advertencias de especialistas, de algunos municipios y del sentido común de antiguos pobladores de la región sur del país, la modificación de los escurrimientos naturales del agua, el reemplazo de vegetación por cemento o el relleno de lagunas naturales, genera impactos ecológicos que terminan en tragedias evitables como la ocurrida hace exactamente un año.
Ya en 2005, un equipo de investigación del Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), en conjunto con el Instituto Federal de Geociencias y Recursos Minerales de Alemania (BGR), la Municipalidad de Bariloche y la Dirección de Minería de la provincia de Río Negro, realizó un informe para alertar sobre peligros geológicos y contribuir a la gestión sustentable de los recursos naturales de la ciudad. Ese estudio se alertaba que podían existir personas como Claudio Roccaragliata construyendo en sectores donde la modificación del terreno generaría este tipo de catástrofes.
Más recientemente, Thomas Kitzberger, profesor de Ecología en la Universidad del Comahue e investigador del Conicet en el Instituto de biodiversidad indicó que lo de Bariloche no se trató de un alud (“sucede en cauces naturales de arroyos o ríos existentes, que por algún motivo crecen y se produce una creciente acompañada por material arrastrado, en este caso se rompió un muro de contención”) y que estas situaciones fatales “pasan cuando se modifica la hidrología del terreno».
Pero no sólo en esa ciudad las investigaciones y alertas científicas se han hecho sentir: otro tanto ha sucedido en Neuquén Capital, con el avance de la construcción sobre las laderas de las elevaciones llamadas bardas, especialmente en los cañadones naturales y en el relleno de lagunas naturales que hacen de contención del agua cuando se producen grandes lluvias.
Otro tanto en San Martín de los Andes donde las construcciones sociales o turísticas han avanzado sobre las laderas del cerro Curruhuinca que abraza a toda la ciudad en su zona norte. Específicamente en los barrios Vallejos y Obeid ya se han registrado deslaves con destrucción de viviendas y daños materiales, sin llegar aun a producir muertes de personas, por la acertada anticipación de Bomberos y Defensa Civil.
En el caso de Comodoro Rivadavia, la histórica presencia del cerro Chenque en el corazón del ejido urbano tiene también una relación de muchas décadas de avance sobre esas laderas y la dolorosa experiencia de ríos de barro y piedra descendiendo de sus alturas, con lluvias torrenciales. Aun en la Patagonia, la ingeniería civil o la destreza humana no han podido domar el recorrido natural que realizan las aguas cuando escurren desde las alturas. Una y otra vez, cuando se trata de no respetar esa actitud de la naturaleza, de negarla o tratar de encausarla por otro lugar, se cae en tragedias. Irremediablemente, la mano del ser humano modificando la geografía genera un impacto que suele ser muy doloroso.
Otro de los casos que presenta hoy un peligro sistemático es el continuo avance de las construcciones sobre los faldeos de los cerros que se elevan al norte de la ciudad de Ushuaia, especialmente los asentamientos “El Escondido”, “Dos Banderas” y en el valle de Andorra, incluyendo los impactantes complejos turísticos también construidos en esa elevación.
A un año
Como indicó el Prof. de Ecología Kitzberger: «En un bosque natural el agua se infiltra, la cobertura boscosa hace que las gotas caigan más despacio, y el agua se escurre hacia las napas profundas que luego llegan a la superficie mayor de agua, en este caso el lago Nahuel Huapi. Cuando se reduce la cobertura boscosa y se reemplaza por una cobertura impermeable, como es una estructura de hormigón, se disminuye esa infiltración y aumenta la correntía en superficie, por lo que puede pasar que los arroyos busquen su drenaje hacia las zonas bajas».
En estas horas se cumple un año desde que dos matrimonios uruguayos dejaron San Martín de los Andes para llegar a Bariloche, en una recorrida soñada por los Siete Lagos y la zona cordillerana del sur neuquino y noroeste rionegrino.
Gerardo Casella, su esposa Alba González Giovanelli, Víctor González Giovanelli y su esposa, Ana María Marturet Garcés llegaron después del mediodía al hotel Bustillo (complejo Huinid, laderas del cerro Otto), en medio de una lluvia muy intensa. Tras cumplir con los requisitos administrativos se retiraron cada pareja a su cuarto para reponer energía y salir al rato a recorrer la ciudad. Una siesta reparadora fue interrumpida quince minutos antes de las seis de la tarde por un gran estruendo arriba del hotel. Fueron segundos los que transcurrieron entre ese ruido de desgarro de la tierra y el baldazo de tierra, piedras y agua que avanzó sobre las habitaciones 105 y 107 adonde estaban los matrimonios. Para encontrar sus cuerpos se removieron 50 toneladas de barro, piedras, ramas y pedazos de mampostería.
Sólo salvó su vida Ana María Marturet Garcés. A un año, tampoco la justicia ha dado respuesta y la investigación continúa, con dos imputados por homicidio culposo: el dueño del complejo en construcción, Claudio Roccaragliata y el arquitecto Carlos Arbetman. Los dos fueron acusados por la fiscal jefa Betiana Cendón de haber causado las muertes de los tres turistas uruguayos por su conducta negligente y antirreglamentaria, como presuntos responsables de la construcción de manera irregular de un muro de contención de más de 9 metros de altura.