La investigación de una estafa por más de diez millones de pesos a una vecina de Comodoro Rivadavia permitió descubrir una operación delictiva mucho mayor a través del robo de información y utilización de tarjetas de débito. “Esta es la punta del iceberg”, señaló el fiscal chubutense Fernando Rivarola, al tiempo que admitió la complejidad del caso porque “enfrentamos en delitos informáticos que trascienden las fronteras físicas».
“Estamos tratando con una red de estafadores altamente sofisticada que ha operado con total impunidad hasta ahora. Hemos seguido el rastro del dinero y los movimientos de las tarjetas de débito, lo que nos ha llevado a descubrir un patrón de consumo inusual en la zona de Gran Buenos Aires”, aseguró en declaraciones al sitio ADNSur.
La información consignó que una comodorense “fue víctima de una estafa descomunal, donde datos de su tarjeta fueron utilizados para realizar gastos por un total de 10.5 millones de pesos y ya habría un delincuente identificado”.
«Hemos identificado a una persona vinculada a Mercado Pago que utilizó los datos de la víctima para realizar transacciones irregulares. Esta es solo la punta del iceberg en una serie de operaciones fraudulentas», señaló el fiscal.
En cuanto al aspecto procesal del caso, el fiscal explicó: «a pesar de que la imputada reside en la provincia de Buenos Aires, la Justicia de Chubut tiene competencia territorial debido a que la víctima radica en esta jurisdicción y el perjuicio se produjo aquí. Esto demuestra los desafíos que enfrentamos en delitos informáticos que trascienden las fronteras físicas».
En lo referente a la figura penal aplicable, Rivarola detalló: «estamos hablando de un caso de defraudación especial, tipificado en el artículo 173 inciso 15, que contempla el uso no autorizado de datos de tarjetas de crédito o débito. La pena puede llegar hasta los seis años por cada uno de los 485 hechos individuales que estamos imputando en este caso».
La búsqueda de reparación para la víctima también es un aspecto crucial en el proceso penal. «En la audiencia de apertura hemos solicitado la inhibición de bienes de la imputada para garantizar que la víctima tenga la posibilidad de recuperar integralmente el perjuicio sufrido. La justicia penal busca no solo el reproche hacia los responsables, sino también la reparación del daño causado», cerró Rivarola.
