El gobierno nacional anunció una serie de medidas para regular las adquisiciones y contrataciones en las universidades públicas. Las nuevas disposiciones obligan a las instituciones educativas estatales a utilizar los portales oficiales del Estado, como COMPR.AR, CONTRAT.AR y el sistema e-SIDIF, que reemplazará al Sistema de Información Universitaria (SIU-Pilagá).
El objetivo principal es garantizar un mayor control sobre el uso de los fondos públicos destinados a las universidades nacionales.
Una de las medidas más destacadas de la reforma es la prohibición de firmar acuerdos o convenios sin un proceso previo de licitación o compulsa de precios. Este cambio afecta especialmente a los «convenios interadministrativos» con otros organismos.
Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado y Función Pública, defendió las nuevas medidas destacando que, las universidades cuentan con autonomía para administrar su presupuesto, los fondos provienen del Estado y, por lo tanto, deben ser gestionados con los mismos estándares de transparencia y control que se aplican a otras áreas del sector público.