Alerta Digital, el diario digital del grupo Cumbre, informaba esta semana que un grupo de treinta empleados provinciales fueron capacitados para formar parte del programa “Agentes para la Prevención Ciudadana”, que colaborará con la Policía Provincial en zonas comerciales, escolares y espacios recreativos.
La iniciativa, organizada por el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana, Luis Sánchez, se llevará a cabo en el barrio Gregorio Álvarez.
Como se ha visto en otras provincias y municipios, la aplicación de policías municipales y guardias urbanas ha opacado el funcionamiento de la seguridad pública, afectando la confianza de quienes requieren ese servicio.
La comunidad es la que termina perjudicada por experimentos de bajo costo y políticas ineficaces, con empleados poco comprometidos patrullando las calles y observando el movimiento de los vecinos.
La seguridad pública es un servicio que el estado debe garantizar, asegurando la protección de los derechos humanos, la propiedad privada, el orden, la tranquilidad y el bienestar de sus habitantes en un marco armónico de convivencia social, con el cumplimiento de la ley.
Para ello, se destinan el ejercicio de la fuerza pública y el control del cumplimiento de las leyes a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que son las fuerzas de seguridad federal y provincial.
Su responsabilidad es llevar tranquilidad a todos los ciudadanos, siendo instituciones capacitadas para el uso de la fuerza y para establecer distintos sistemas de prevención con el fin de evitar delitos o, en su defecto, contrarrestar los ya cometidos, aprendiendo a sus autores y asegurando que la justicia los juzgue, condene y termine en una institución penitenciaria.
No puede ser que algunos funcionarios, que andan en distintos clubes deportivos y ministerios, quieran implementar una seguridad carente de lineamientos y prestigio, con un equipo de empleados ineficaces cuyo principal desafío es mantener su cargo.
Los felicito por ser grandes vendedores de humo y por hacer actos de magia como el conejo negro. Me enfoco en muchos empleados de la administración pública, cerca de 50, que quieren trabajar, pero de los cuales 36 tienen antecedentes penales. Creer que la seguridad se resuelve con discursos y palabras es un error. La realidad es que el delito se incrementa y se perfecciona, y quienes deben combatirlo deben estar mejor preparados cada día. No podemos permitir propuestas de bajo recurso para justificar la existencia de algunos funcionarios.
En este contexto, propongo confiar en quienes están verdaderamente preparados para garantizar nuestra seguridad, que son las instituciones. La Policía Provincial, destacada a nivel nacional por su compromiso, honestidad y efectividad, debe ser nuestra principal fuente de confianza. Dejemos que cumplan con su deber.
A otro tema: cuando ser políticamente incorrecto es ser socialmente correcto
Volvemos a hablar de la edad de imputabilidad penal de los menores de 18 años. El lunes 1 de abril de este año 2024, minutos antes de la medianoche, le arrebataron injustamente la vida a Juan Caliani, un joven de 34 años, periodista, trabajador, soñador, nuestro compañero de trabajo y amigo.
Juan fue asesinado por alguien de 16 años. Sin embargo, esa edad sí parece importar. Juan, de 34 años, ha quedado abandonado por las preocupaciones de algunos sobre el pasado y el futuro de un asesino de 16 años.
Nos acercamos al sexto mes de la absurda muerte de Juan a manos de un criminal. Nos prometimos no permitir que se apague el reclamo y la exigencia de justicia en su memoria.
Expresamos en varias ocasiones que Juan no hubiera querido convertirse en un símbolo de una lucha social o un reclamo de la comunidad. Recientemente, hemos presenciado debates y opiniones sobre el proyecto de baja de la edad de imputabilidad de los menores. Ya he hablado anteriormente de la Ley Nacional 22.278 y de la Ley Provincial 23.302, postulando con firmeza que es absurdo mantener a los menores de 18 años al margen del sistema penal y de la condena de encierro.
Hacia fines de junio de este año, el presidente de la Nación, junto con los ministros de Justicia, Seguridad y Jefatura de Gabinete, enviaron al Congreso un proyecto para bajar la edad de imputabilidad penal de los menores de 18 a 13 años.
Es decir, el Ejecutivo Nacional ha propuesto modificar la ley para que los menores desde los 13 años que cometan delitos sean juzgados, condenados y se les aplique pena, incluso prisión.
Desde ese momento, se han sumado voces de supuestos especialistas que manifiestan preocupación, alarma y estupor ante este proyecto. El denominador común de esas voces es que los menores serían el resultado de lo que la familia, la sociedad, el Estado y el universo no les habrían dado.
Por tanto, el delito cometido por esos menores sería una consecuencia del “abandono social” y, en lugar de ser juzgados y condenados, deberían ser abrazados, pedirles perdón y buscar la forma de retribuirles lo que no les habría dado la familia, la sociedad y el Estado.
No se queden estupefactos, es así como plantean los defensores de mantener la edad de imputabilidad en 18 años. Lo que muchos de los llamados “expertos” postulan es que, si los menores no tuvieron contención familiar, acceso a vivienda, condiciones económicas, educación, o han integrado grupos vulnerables, el sistema penal no debería aplicarse a ellos cuando cometen delitos.
Voy a expresar con la mayor claridad posible lo que siento desde el interior de mi corazón y desde la razón: personalmente, no he hecho nada para que los menores delincuentes cometan delitos.
Mi familia no ha hecho nada para que los menores delincan.
Mi barrio y mi ciudad tampoco han hecho nada para que los menores delincan.
No me incluyan en esa alusión a la “sociedad” o a la “comunidad” como responsable de “provocar” que los menores cometan delitos. La sociedad trabajadora, que también enfrenta limitaciones, no termina cometiendo delitos ni destruyendo vidas.
Esas “voces autorizadas” se levantan ahora, o cada vez que se discute la baja de la edad de imputabilidad, para que los menores sean responsabilizados por los delitos que cometen.
Sin embargo, nunca he escuchado a esas voces pidiendo justicia cuando estos menores matan, violan, roban o lastiman.
Me indigna la visión selectiva disfrazada de supuesta ciencia o especialidad. El proyecto de ley nacional para fijar la edad de imputabilidad penal en 13 años señala que Argentina está en desventaja respecto a países vecinos como Chile (14 años), Uruguay (13 años) y Brasil (12 años).
Esto significa que los menores de 18 años en Argentina pueden delinquir sin ser juzgados ni condenados, mientras que en esos países tienen una menor edad para ser imputados.
El proyecto también menciona que la cantidad de delitos cometidos por menores está creciendo año a año, aunque sigue siendo un bajo porcentaje del total de delitos y de menores en el país. Esto indica que no es un problema general provocado por la sociedad, sino un problema específico de una minoría de delincuentes menores de edad.
Si el régimen penal de menores en Argentina en abril de 2024 hubiera contemplado la imputabilidad penal desde los 13 años (o al menos desde los 14 o 15 años), el criminal que mató a Juan Caliani hubiera sido juzgado y condenado adecuadamente, en lugar de recibir un “tratamiento tutelar” que busca cuidar su salud, educación y expectativas.
Algunos intentan presentar la baja de la edad de imputabilidad como algo POLÍTICAMENTE INCORRECTO, violatorio de convenciones internacionales y leyes. Sin embargo, lo que algunos quieren desacreditar como POLÍTICAMENTE INCORRECTO es sin duda lo SOCIALMENTE CORRECTO.
Por la memoria de Juan Caliani y por lo que fue y lo que no le permitieron ser, SEAMOS POLÍTICAMENTE INCORRECTOS SI ES LO SOCIALMENTE CORRECTO.
