El gobierno nacional incluirá un paquete de medidas relacionadas con el empleo en la Argentina que reeditan las implementadas en la década del 90 durante la presidencia de Carlos Menem que fueron llamadas en su momento como de “flexibilización laboral”. La agencia Noticias Argentinas informó en la tarde de este lunes que una de las más importantes está relacionada con los despidos: se crearía “un régimen voluntario, con acuerdo entre empresas y sindicatos, de un sistema de seguro o fondo de desempleo, por convenio colectivo”.
La iniciativa contempla la creación de “cuentas individuales en las que el trabajador acumulará fondos de cara a un futuro despido o jubilación. Según las fuentes extraoficiales el Gobierno busca con esta medida facilitar la creación de trabajo registrado”.
La agencia noticiosa sostuvo que “el sector empresario tiene miedo de tomar gente y que con esta flexibilización de normas, van a tener opciones voluntarias de cobertura en caso de despidos”.
En cuanto a las paritarias laborales y el Consejo del Salario, ambas instancias encuadradas en la Secretaría de Trabajo que depende del Ministerio de Capital Humano, sólo se aceptarán los acuerdos entre la patronal y la representación laboral, mientras que aun no hay fecha para convocar al mencionado Consejo del Salario.
Además, el paquete de medidas incluirá la eliminación de las sanciones o indemnizaciones por la deficiente registración de empleados, un alargamiento del período de prueba que pasaría de tres a ocho meses, eliminación de multas a empresas y una rebaja de aportes y contribuciones patronales.
La información difundida por NA indica que el presidente Javier Milei impulsará la declaración de la «emergencia laboral» con “el objetivo de generar empleo registrado”, aunque aun no hay confirmación si lo hará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) o a través de un proyecto enviado al Congreso en las próximas sesiones extraordinarias.
Subas y bajas de retenciones
El secretario de Bioeconomía, Fernando Villela, anunció este martes que 20 economías regionales quedarán exceptuadas de la generalización de retenciones, entre las que se cuenta la fruticultura de Neuquén y Río Negro. Además, informó una reducción de la alícuota a 8% para el caso de la vitivinicultura, y un alza para los subproductos de la soja para compensar la caída de ingresos.
Así lo informó el funcionario luego de una reunión que mantuvo con representantes de la Mesa de Enlace en la sede de la cartera. La decisión se acompañó con una alza del 31% al 33% para los subproductos de la soja que causó rápido rechazo entre las cerealeras.
“Es una muy mala noticia para la economía del país”, dijeron tras el anuncio desde la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina.
“La principal industria exportadora se será castigada por la suba de impuestos y eso va a limitar severamente el flujo de divisas y atentará contra el empleo industrial de la soja”, agregaron desde Ciara.
Por su parte desde el Consejo Agroindustrial Argentino expresaron que “más allá de la comprensión por la delicada situación de las cuentas públicas reiteramos la necesidad de adoptar una política exportadora que contemple un esquema impositivo que fomente la producción y el agregado de valor para lo cual es necesario desarrollar un cronograma de eliminación de DEX a los complejos Oleaginoso y Cerealero, como así también considerar la delicada situación de las EE.RR”.
Las cadenas que quedan afuera de la suba de retenciones que se implementarán desde el 1 de enero son: arrocero, olivícola, cueros lácteos, bovinos, frutícola (excluido limón), porotos, hortícola, papa, ajo, garbanzo, arveja, lenteja, azúcar, miel, yerba mate, té, equinos y lana.