El Senado tiene previsto tratar el proyecto de ley Bases el próximo miércoles, con un conjunto de reformas laborales que genera controversia entre gremios y empresarios. Este proyecto incluye cambios profundos que han sido motivo de debate desde su anuncio.
Inicialmente, algunas de estas reformas formaban parte del DNU N° 70/24, introducido al inicio del nuevo gobierno, pero fueron suspendidas por el Poder Judicial debido a su inconstitucionalidad. Aunque la versión actual de la reforma es menos extensa, sigue siendo significativa. Las modificaciones propuestas afectan derechos individuales y colectivos de los trabajadores, incluyendo nuevas causales de despido relacionadas con acciones colectivas.
Expertos advierten que la reforma podría incentivar la no registración de relaciones laborales al eliminar sanciones e indemnizaciones por no registro y permitir contratos «no laborales» que ocultan verdaderas relaciones de trabajo. En particular, la figura de «trabajadores independientes con colaboradores» se sumaría a una serie de cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, una práctica difundida que suele encubrir relaciones laborales no registradas.
Otro punto crítico es la derogación del estatuto del viajante de comercio, que se introduce en el proyecto sin justificación aparente. Esta norma regula la actividad de vendedores viajantes en relación de dependencia, estableciendo la especificidad de un vínculo de subordinación con las empresas cuyos productos venden y que los diferencia de los agentes comerciales autónomos. La eliminación de este estatuto podría debilitar significativamente la protección laboral de este sector.
Además, el proyecto incluye un nuevo blanqueo laboral que también podría desincentivar la registración de trabajadores al generar la expectativa de nuevas condonaciones de deuda a futuro. Esto crea un ambiente donde los empleadores pueden retrasar la formalización de relaciones laborales, esperando futuros blanqueos que perdonen sus incumplimientos anteriores.
Para los trabajadores formales, las reformas implican una mayor precarización de su situación. Por un lado, la creación de fondos de cese laboral que reemplazarían a la indemnización por despido podría resultar en mayor inestabilidad e incertidumbre en las relaciones de trabajo, incrementando el disciplinamiento de los trabajadores. Por otro lado, la extensión del período de prueba, durante el cual se puede despedir sin indemnización, y la ampliación del alcance de la tercerización laboral con responsabilidad solidaria limitada, también contribuyen a esta precarización.
La reforma afecta el carácter de permanencia de los puestos en la planta de la administración pública, al simplificarse los mecanismos para su puesta en situación de disponibilidad y posterior despido. Esto podría significar una mayor facilidad para los despidos en el sector público, impactando la estabilidad laboral de miles de empleados.
Desde el punto de vista empresarial, la ley podría reducir costos laborales al permitir mayor flexibilidad en la contratación y la posibilidad de no registrar relaciones laborales sin enfrentar sanciones severas. Sin embargo, esta reducción de costos no está asegurada y podría generar el efecto contrario, derivando en litigios laborales debido a la ambigüedad en la definición de nuevas formas contractuales.
A pesar de los cambios propuestos, la reforma no avanza en aspectos que requieren atención urgente, como la promoción de la igualdad de género o los cambios en las formas productivas que han dado pie al surgimiento de nuevas configuraciones de relaciones laborales que pueden no quedar cubiertas o protegidas por las leyes vigentes. Esto perpetúa las profundas desigualdades que caracterizan al mercado laboral argentino y deja a un creciente sector de trabajadores fuera de las relaciones laborales formales y protegidas.
En definitiva, la reforma propuesta es profunda y significativa, pero no aporta soluciones a los problemas acuciantes del mercado laboral argentino. En lugar de modernizar las relaciones laborales y promover el empleo registrado, las modificaciones parecen orientadas a reducir derechos y aumentar la precarización, beneficiando a los empleadores a corto plazo pero creando un entorno de mayor inestabilidad e incertidumbre para los trabajadores.