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Histórico: cinco condenados por la muerte de una docente y dos operarios en la escuela de Aguada San Roque

Redacción
Por Redacción
El fallo fue unánime y declaró culpables a cinco de los involucrados en el caso sobre la explosión de la escuela de Aguada San Roque donde murieron tres personas. Foto: ATEN provincial

Los jueces Maximiliano Bagnat, Ignacio Pombo y Lisandro Borgonovo condenaron este martes a cinco personas imputadas por el delito de estrago culposo seguido de muerte, a raíz de la explosión que se produjo en la escuela albergue 144 de Aguada San Roque y en la que murieron la docente Mónica Jara y los operarios Nicolás Francés y Mariano Spinedi. El fallo fue unánime.

Héctor Villanueva, Diego Bulgheroni, Sergio Percat, Raúl Capdevilla, Carlos Córdoba y Roberto Deza fueron encontrados culpables como los autores del delito. El juicio inició el pasado 12 de agosto y transitó 12 días de audiencias.

La explosión se registró el 29 de junio de 2021 y en ese momento, los acusados ocupaban cargos en la administración provincial neuquina: Deza era subsecretario de Obras Públicas; Capdevila era director provincial de Obras Públicas; Córdoba tenía a su cargo la dirección de Obras Públicas; Percat era director de Obras Contratadas, mientras que Bulgheroni y Villanueva eran representante técnico y socio de la empresa Arte Construcciones, responsable de las obras en el edificio escolar.

Al solicitar una condena en el marco del delito de estrago agravado por la situación de muerte, el fiscal Gastón Liotard consideró que “nosotros usamos a modo de lema la palabra desidia, es decir, un desinterés, una negligencia, una impericia, una imprudencia en determinadas acciones que, concatenadas con otros elementos, llevan en este caso a la muerte de personas. Un estrago puede no causar la muerte y tiene obviamente una pena más leve. Pero si causan muerte, elevan la pena, como fue este caso, que es un estrago agravado por la situación de muerte de la persona».

Hoy se conocerá en forma virtual cuál será el fallo sobre la explosión de la escuela de Aguada San Roque donde murieron tres personas.

«Es un delito, si uno le presta un poquito de atención en el sitio que ha elegido el legislador en colocar estos delitos en el Código Penal, no está en el artículo 78 de la ley en adelante, que es el de los homicidios, sino está en otro capítulo de nuestro Código Penal que atenta contra la seguridad pública, o protege la seguridad pública, que es la seguridad de todos, es un bien jurídico que se protege, que está en cabeza de todos los ciudadanos», recordó.

Pedidos de condena

El fiscal Liotard, los abogados querellantes Federico Egea, apoderado de la familia de Francés, y Emanuel Roa Moreno, quien junto a Darío Kosovsky representan a familiares de Jara, Spinedi y al gremio ATEN, en la audiencia de alegatos reclamaron que el ex subsecretario de Obras Pùblicas, Roberto Deza, sea declarado culpable como coautor del delito de Administración Fraudulenta o infiel en perjuicio de la Administración Pública.

Para Raúl Capdevila, director provincial de Obras Públicas; Carlos Córdoba, director de Obras Públicas, y Sergio Percat, inspector a cargo de la obra, pidieron la culpabilidad como autores del delito de Estrago Culposo en su forma agravada por el resultado muerte, en perjuicio de Nicolás Francés, Nicolás Spinedi y Mónica Jara; en concurso real con el delito de Administración Fraudulenta, o Infiel en perjuicio de la Administración Pública, en carácter de coautores. Para Percat también reclamaron que sea declarado culpable como autor del delito de Falsificación Ideológica de documento público.

Por último, para Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones, y Diego Bulgheroni, director de la obra, reclamaron que sean declarados culpables por el delito de Estrago culposo en su forma agravada por el resultado muerte, en concurso real con el delito de Administración Fraudulenta o Infiel en perjuicio de la Administración Pública en carácter de partícipes necesarios.

La jornada terminó con el alegato de Juan Manuel Coto, quien reclamó la no culpabilidad de sus defendidos, Carlos Córdoba y Raúl Capdevila.

Al término de la extensa audiencia, Guagliardo remarcó que “si alguno de los imputados hubiese actuado conforme a la normativa y a la responsabilidad que impone el deber de cuidar hoy no estaríamos acá. Esto tiene que terminar con una condena para sentar un precedente y un Nunca más morir en la escuela”.

ATE
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