La fiscalía de Delitos Económicos de la provincia del Neuquén identificó la estructura piramidal que iba desde la cabeza del entonces ministerio de Desarrollo Social y Trabajo hasta una base de reclutadores de beneficiarios de planes sociales, que en un año y diez meses estafaron al estado en casi mil millones de pesos.
La causa, conocida como “estafa con planes sociales” está centrada en el accionar de al menos 19 personas que entre el 30 de septiembre del 2020 y el 31 de julio del 2022, montaron “una estructura clientelar ilícita, utilizando el Ministerio de Desarrollo Social y Trabajo para poder cometer las conductas delictivas”.
La pirámide
La estructura piramidal que identificó la fiscalía, formalizada en la presentación de más de 400 páginas realizada por el fiscal jefe Pablo Vignaroli, el fiscal del caso Juan Manuel Narváez y las asistentes letradas Tanya Cid y Agustina Jara, tiene en su parte superior al entonces ministro Orlando Abel Di Luca.
En conjunto con él, se sindica como máximos responsables a “aquellos que pergeñaron y organizaron la asociación ilícita destinada a obtener de dinero proveniente de fondos del Estado provincial, de manera ilegítima”, el entonces director de Planes Sociales, Ricardo Nicolás Soiza Curbelo; a quien era director de Fiscalización, Néstor Pablo Sanz; al entonces jefe del departamento de Gestión de Programas, Marcos Ariel Osuna y al director de Coordinación de la cartera, Tomás Siegenthaler.
En un segundo nivel de responsabilidad, la fiscalía anotó a quienes “respondían a las órdenes de Siegenthaler, Di Luca y Soiza y, en consecuencia, colaboraban con ellos para que la maniobra delictiva se pudiera efectivizar y, finalmente, darle apariencia de legalidad”. Allí el listado incluye a Luis María Gallo (Director Provincial de Finanzas); Laura Carolina Reznick Mastronardi (Directora de Finanzas); Julieta Mariana Oviedo (Directora de Tesorería) y Julio Norberto Arteaga (auditor en la Contaduría General de la Provincia).
Los reclutadores y la base
Para aumentar el número de beneficiarios, el trabajo fiscal detectó “a aquellos imputados que, por órdenes de los organizadores de la banda, principalmente Sanz y Osuna, procedían a la captación de personas para poder asignarles el subsidio por desempleo laboral y coordinaban con la Dirección de Planes Sociales para que pudieran ingresar como supuestos beneficiarios. Estos reclutadores también tenían la función de entregarles a los reclutados, una parte del dinero en efectivo extraído de las cuentas de los beneficiarios”. En este segmento, sólo irá a juicio la pareja de Sanz, Isabel Montoya.
La base de la pirámide de esta organización de estafas con planes sociales en Neuquén está conformada por quienes cobraban los cheques o extraían dinero de cajeros automáticos y quienes cobraron los subsidios sin cumplir con los requisitos.
Allí, de acuerdo con la presentación de la fiscalía, están quienes “cobraban cheques que no les correspondían cobrar y aquellas que extraían dinero en efectivo de los cajeros automáticos con la utilización de tarjetas de débito ajenas y que respondían a las directivas que les daban Sanz y Osuna”.
El requerimiento fiscal identifica a Aaron Escobar, Valeria Honorio, Ariel Krom, Rodolfo Andrés López; Omar Ariel Rodríguez Quezada; Emmanuel Rodolfo Victoria Contreras.
Además, en esta base de la pirámide, también están “aquellos imputados que, sabiendo que no cumplían con los requisitos para recibir el subsidio de desocupación laboral, aun así, aceptaron y se vieron beneficiados en su patrimonio”, incluyendo a Alfredo Andrés Cury; Adrián Alfredo Meza Lizama y Fernando Cardozo Regidor.
En la presentación se indicó que el monto actualizado de las estafas realizadas con los planes sociales arroja una suma de 941.262.888,82 pesos, a través de 9303 operaciones probadas.
Tras el aporte de los descargos de las defensas de quienes están imputados en esta elevación a juicio, se determinará la fecha en la que se llevará a cabo.
