El intenso debate sostenido durante este año entre los gobiernos provinciales de Neuquén y Río Negro con el Estado Nacional y las empresas privadas sobre el futuro de las represas hidroeléctricas asentadas en la región, finalmente quedó marcado. El proyecto de Ley de Presupuesto 2024 indica qué pasará, en caso de aprobarse.
En esa iniciativa enviada al congreso hace pocos días, el artículo 78 establece: «Una vez finalizadas las concesiones de jurisdicción nacional de las represas hidroeléctricas, la administración, operación y explotación de cada una de estas instalaciones pasará a manos de ENERGÍAS HIDROELÉCTRICAS S.A.U., entidad dependiente de ENERGÍA ARGENTINA S.A. (EASA), con el objetivo de garantizar el funcionamiento pleno de las centrales, la continuidad de los servicios y el adecuado funcionamiento de las instalaciones, sin perjuicio de las posibles responsabilidades por las obligaciones contraídas por los actuales concesionarios».
Esto no solo confirma el retorno de las concesiones al Estado, sino que también establece la creación de una nueva entidad estatal llamada Energías Hidroeléctricas S.A.U, que operará bajo la supervisión de Enarsa. Esta entidad «tendrá la facultad de comercializar la energía eléctrica producida por estas represas» y llevará a cabo «actividades complementarias que sean necesarias, como estudios, proyectos, construcciones, renovaciones y expansiones de los activos revertidos al Estado Nacional».
Las concesiones que caducan este año son las de Alicurá (de AES Alicurá S.A.), El Chocón y Arroyito (de ENEL Generación), Planicie Banderita (de Orazul Energy) y Piedra del Águila (de Central Puerto). La última finaliza en diciembre, mientras que las otras vencieron en agosto. No obstante, estas represas son las primeras de un total de 22 complejos hidroeléctricos que experimentarán este proceso.
En Economía reconocen que el destino de las concesiones «dependerá de la política» debido a la coincidencia con las elecciones próximas. Existen diferentes perspectivas entre los gobiernos provinciales y las coaliciones políticas que compiten en octubre.
Las concesiones ya han comenzado a vencer después de 30 años en manos del sector privado, aunque el Gobierno había decidido prorrogarlas. Los plazos se ubican en medio del calendario electoral. Ahora, en el presupuesto, el Ejecutivo ratifica la devolución al Estado y crea una nueva empresa estatal para su gestión, aunque no está claro si en ella tendrán participación las provincias.
Historia
Cuando en 1993 se otorgaron las concesiones de las represas al sector privado por un plazo de 30 años, es improbable que se haya previsto que la expiración de este amplio período coincidiría con un proceso electoral tan incierto como el del siglo XXI. Desde el 11 de agosto, las concesiones han comenzado a vencer, con tres de ellas caducando en esa fecha y una más con fecha límite el 29 de diciembre. En total, se trata de 22 concesiones con diversos plazos que culminan en 2024.
Dentro de este contexto, en junio de este año, la secretaria de Energía, Flavia Royón, emitió una instrucción por escrito dirigida a Agustín Gerez, presidente de Energía Argentina (anteriormente Enarsa), en la que le instaba a asumir temporalmente la generación de energía eléctrica debido a la proximidad de la caducidad de las concesiones.
Desde 2022, el Gobierno había formado el Equipo de Trabajo de Aprovechamientos Hidroeléctricos Concesionados (Etahc) con el fin de elaborar un informe detallado sobre el estado de cada concesión, abarcando aspectos técnicos, económicos, jurídicos y ambientales. Además de la Secretaría de Energía, Enarsa y la empresa estatal Impsa participaron en este proceso.
No obstante, en julio de este año, apenas un mes después de la solicitud de Royón a Gerez, se tomó otra decisión respecto a las hidroeléctricas a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial por parte de Economía. Esta resolución prorrogó las concesiones por «otros 60 días corridos, con posibilidad de extenderlos por 60 días adicionales, sin perjuicio de que la Secretaría pueda ampliar el plazo máximo establecido en los contratos».
La extensión inicial de 60 días implicó que las concesiones privadas continuarían operando las represas hasta el 10 de octubre, apenas 12 días antes de las elecciones generales. Si se decide extenderlas por otros 60 días, el nuevo plazo vencería el 9 de diciembre, un día antes del cambio de gobierno.
En esta última resolución, Royón designó a Enarsa como supervisor durante este período y convocó a las provincias de Río Negro y Neuquén a proponer un representante para colaborar, junto al Ministerio de Economía, en el proceso.
